La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB) solicitó al Gobierno, el 28 de octubre, informar públicamente sobre los planes para la Planta de Transformación de Soya de San Julián, Santa Cruz, construida con una inversión aproximada de Bs 425 millones y con capacidad para procesar 1.000 toneladas de grano por día.
La organización plantea que cualquier decisión sobre la administración y operación de esta infraestructura se realice mediante procedimientos públicos, transparentes y sustentados en criterios técnicos. Su presidente, Jorge Amantegui, pidió aclarar cuál es la situación actual de la planta y qué medidas se prevén para garantizar su funcionamiento.
El complejo industrial cuenta con instalaciones para extraer aceite, producir harina de soya y refinar aceite comestible. Su capacidad abarca prácticamente toda la cadena de transformación de esta materia prima, por lo que su funcionamiento puede tener impacto en la producción nacional y en el aprovechamiento industrial de la soya boliviana.
Sin embargo, CANIOB considera necesario que las autoridades informen sobre el estado operativo de la planta, los volúmenes de grano procesados, las condiciones de mantenimiento de sus instalaciones y las perspectivas para mantener una producción continua. Aunque se conocieron anuncios sobre su puesta en marcha y producción inicial, la organización sostiene que hace falta información pública sobre su situación actual.
Para la cámara empresarial, operar una infraestructura de esta magnitud requiere abastecimiento permanente de materia prima, personal capacitado, conocimientos especializados, mantenimiento industrial, logística, acceso a mercados y una administración que garantice su sostenibilidad económica.
Por ello, Amantegui propuso incorporar operadores especializados y evaluar mecanismos de participación público-privada, mediante licitación u otros procedimientos legalmente aplicables. La selección, según CANIOB, debería considerar la experiencia industrial, la capacidad operativa y las garantías para preservar el patrimonio del Estado.
La organización sostiene que el objetivo debe ser asegurar que los Bs 425 millones invertidos en la planta se traduzcan en producción, empleo, valor agregado y beneficios efectivos para la economía nacional. Para ello, considera que la experiencia de la industria oleaginosa boliviana en el procesamiento de soya y la comercialización de sus derivados podría contribuir a evaluar alternativas para una operación eficiente y sostenible.





